La modalidad incluye retenes ilegales en sectores como Cajibío, Pescador y Mondomo. Hombres armados detienen vehículos —principalmente camionetas de alta gama— y trasladan a los ocupantes a zonas rurales, donde permanecen retenidos varias horas mientras exigen dinero a sus familias para su liberación.

Las acciones serían atribuidas a estructuras que hacen parte del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco. Analistas señalan que esta práctica cumple una doble función: financiación rápida y demostración de control territorial en un eje clave para la movilidad y el comercio regional.

El impacto ya se siente en ciudades como Popayán y Pasto, donde comerciantes reportan retrasos en el transporte de mercancías. Aunque se han intensificado operaciones militares, la extensión del corredor y los múltiples accesos rurales dificultan un control sostenido. Muchas víctimas no denuncian por temor, lo que complica dimensionar la magnitud real del fenómeno.